Sr. Presidente,
Ante los hechos acontecidos anoche en el estadio Ciutat de València, durante el encuentro de octavos de final de la Copa de Su Majestad El Rey que enfrentó al Levante UD y al Club Atlético de Madrid, en su calidad de rector del organismo máximo responsable de la competición, y como representantes de los accionistas del club decano del fútbol valenciano, no podemos dejar de trasladarle nuestra indignación y estupor como consecuencia del arbitraje realizado ayer por Jorge Figueroa Vázquez.
Como no puede ser de otra manera, el error humano es algo que todos debemos asumir tanto en el fútbol como en la vida. Sin embargo, anoche, varias acciones del colegiado sembraron la lógica duda sobre su teórica y exigible imparcialidad, circunstancia que, en caso de confirmarse, supondría un hecho de una gravedad extrema que atentaría no sólo contra los intereses de un club humilde integrado en su organismo, sino contra la propia credibilidad de la competición y de la RFEF que tiene el honor de presidir.
La celeridad por volver a poner el balón en juego tras señalar una inexistente falta sobre Oblak impidiendo la justa rectificación del video arbitraje en el gol de Álex Muñoz, acciones a todas luces contrarias al reglamento como la aplicación de la ventaja tras un clamoroso agarrón del cuello de Morata a Róber Pier que dejaba al infractor encarando peligrosamente la portería contraria, o su negativa a acudir a la revisión del VAR pese a ser requerido por el responsable del mismo (tal y como se informó anoche en RTVE) en la acción del claro penalti de Kondogbia a Álex Muñoz, son decisiones que no pueden ser consideradas como errores involuntarios y que obligan, en aras de defender la legitimidad y la honradez de la competición y quienes la organizan, a abrir una investigación que permita esclarecer lo sucedido y obrar en consecuencia.
La honradez y la legitimidad de la Copa de Su Majestad El Rey, y el de la propia Real Federación Española de Fútbol, deben quedar libres de cualquier sombra de duda, y es su responsabilidad, como presidente, llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizarlas.